El potencial de los “ciudadanos energéticos” (hogares europeos, los colectivos de energía, las entidades públicas y las pequeñas empresas), es claramente muy significativo para contribuir activamente al futuro sostenible de Europa y desarrollar un sistema energético común.
Cuando nos referimos en este titular a la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea, nos estamos refiriendo, a que alrededor del 83% de los hogares de la UE podría convertirse en un participante activo, lo que supone unos 187 millones de hogares. Estos “ciudadanos de la energía” podrían producir electricidad renovable, adaptar la demanda de electricidad a la producción de energía renovable o almacenar energía en momentos de exceso de oferta. Esto significa que más de 264 millones de europeos, podrían producir su propia energía en 2050 y cubrir el 45% de toda la demanda eléctrica de la UE. El estudio elaborado por CE Delft por encargo de Greenpeace, Amigos de la Tierra Europa, la Federación Europea de Energías Renovables (FEER) y REScoop.eu, así lo confirma en su informe “El potencial de los ciudadanos energéticos en la Unión Europea”.
En este mismo informe se define a los ciudadanos energéticos o “prosumidores” como individuos u hogares que producen energía o administran su demanda de una manera flexible, tanto individual como colectivamente. Esta definición también abarca entidades públicas como las propias ciudades, edificios gubernamentales, edificios municipales, hospitales o escuelas, y pequeñas empresas (con menos de 50 empleados).
Principalmente, se han tenido en cuenta las tecnologías de generación de energías renovables como la fotovoltaica y la eólica. Aunque también se ha contemplado la contribución de los ciudadanos productores de energía mediante el uso de calderas inteligentes, vehículos eléctricos y baterías estacionarias (Las baterías estacionarias, son un tipo de baterías como su propio nombre indica, que suelen utilizarse principalmente para los usos fotovoltaicos debido a su larga vida y a su excepcional capacidad de funcionamiento en regímenes de carga y descarga lentas).
El informe calcula el número de ciudadanos productores de energía que existe en la actualidad, así como cuántos podrían existir para 2050, tanto en cada uno de los estados miembros como en el conjunto de la Unión Europea para obtener finalmente el número estimado de ciudadanos energéticos totales.
Hablamos de ¡¡más de 264 millones de ciudadanos energéticos en 2050!!, la mitad de la población de la Unión Europea. Un número que podría llegar a ser real, siempre y cuando la legislación vigente de cada estado miembro de la UE apoye la auto producción energética, para lograrlo.
Y pronostica que, en 2050, los ciudadanos energéticos podrían generar 1.557 TWh, el equivalente al 45% de la demanda de la toda Unión Europea.
El informe también muestra el potencial de los diferentes tipos de ciudadanos productores de energía. Y concreta que, en el 2050, los proyectos colectivos y las cooperativas podrían contribuir con el 37%, mientras que las pequeñas empresas podrían hacerlo con el 39%, los hogares con el 23% y las entidades públicas con el 1% de la electricidad aportada por los productores de energía.
En los gráficos de este estudio, claramente podemos ver la posición preferente de España, frente al resto de estados europeos, llegando a ser la cuarta potencia en producción eléctrica. La triste realidad es que de seguir vigente la legislación española actual este dato, será sólo una hipótesis.
Este informe fue presentado el pasado otoño en Bruselas, en un acto en el que participaron todas las organizaciones responsables del estudio. (Greenpeace, Amigos de la Tierra Europa, Federación Europea de Energías Renovables (FEER) y REScoop.eu). A lo largo de la presentación se resaltó la necesidad de que, para alcanzar este potencial de los ciudadanos energéticos en 2050, se debe crear ineludiblemente en la Comisión Europea un marco legislativo para proteger el derecho del ciudadano a producir y consumir energía autogenerada y recibir un pago justo por verter el exceso de electricidad a la red, almacenar energía y participar en la gestión de la demanda.
Este informe revela que los ciudadanos tienen el poder de revolucionar el sistema energético europeo y es responsabilidad de las autoridades gubernamentales proteger ese derecho. “Necesitamos que las legislaciones europeas y nacionales aseguren el derecho de los ciudadanos a producir su propia energía renovable”.
No olvidemos, que los ciudadanos están jugando un papel clave en los proyectos de energías renovables a lo largo y ancho de Europa, beneficiando con ello a las economías locales y apoyando la transición energética a un sistema mucho más sostenible y eficiente.
El informe CE Delft, matiza, diciendo que además es: “una contribución importante para alcanzar el objetivo de energías renovables de la Unión Europea para el 2030 y avanzar hacia un sistema energético basado al 100% en las energías renovables”.
La Comisión Europea se ha pronunciado al respecto emitiendo un comunicado que afirma: “Los consumidores son actores activos y centrales en los mercados energéticos del futuro. Los consumidores de toda la UE tendrán una mejor opción de suministro, acceso a herramientas fiables de comparación de precios energéticos y la posibilidad de producir y vender su propia electricidad. Una mayor transparencia y una mejor reglamentación que brinden más oportunidades a la sociedad civil para participar en el sistema energético y responder a los precios. El paquete contiene también una serie de medidas destinadas a proteger a los consumidores más vulnerables”
Estos ciudadanos energéticos son claves para poder cumplir los objetivos de sostenibilidad y frenar el cambio climático que anunció a finales de año la Unión Europea en su iniciativa “Energía limpia para todos los europeos”, una directiva para el periodo 2021-2030 que tiene como objetivo mantener la competitividad de la UE en la transición hacia las energías limpias que están transformando los mercados energéticos globales.
La pregunta sería, ¿por qué Europa va en una dirección y España, en otra si somos un estado miembro? La polémica sobre el Real Decreto de Autoconsumo en España, más conocido como “impuesto al sol”, no cesa. En el contexto internacional, España es el único país del mundo que frena el autoconsumo y la energía eficiente.
Antes de que se implantara este impuesto al sol en Abril de 2016, hasta Greenpeace intentó ayudarnos, con una petición para eliminar este peaje absurdo pero sin éxito, hasta ahora no ha logrado ningún tipo de resultado.
